La Dirección General Impositiva (DGI) formalizó este viernes una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. El organismo, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estima un perjuicio fiscal cercano a 7.000 millones de pesos argentinos (ARS), lo que profundiza el escenario judicial que ya atravesaba la entidad.

Detalles de la denuncia

La acusación sostiene que la AFA no habría ingresado al fisco montos retenidos por encima del límite mensual permitido, situación que se habría repetido desde agosto de 2024 hasta la actualidad.

• Retenciones impositivas impagas: $916.005.301,41 (pesos argentinos) correspondientes a IVA e impuesto a las ganancias.
• Contribuciones previsionales fuera de término: $6.677.898.210,82 (ARS).

La presentación fue firmada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de ARCA, y solicita la apertura de una investigación penal bajo los artículos 4 y 7 de la Ley 27.430, que tipifican la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La normativa prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente responsable.

El expediente individualiza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como principal responsable en su carácter de agente de retención y administrador ante el fisco.

Antecedentes del caso

La denuncia se suma a las investigaciones previas que ya involucraban a Tapia, Pablo Toviggino y Luciano Nakis por presunto enriquecimiento ilícito y la incautación de vehículos de lujo en propiedades vinculadas a la dirigencia. Los más de 30 allanamientos realizados en semanas anteriores habían destapado irregularidades financieras y vínculos con la firma Sur Finanzas, que otorgaba préstamos a clubes con intereses elevados.

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Impacto en la Finalissima

La crisis interna de la AFA ha retrasado la firma del acuerdo para disputar la Finalissima 2026, que enfrentará a Argentina (campeón de América y del mundo) contra España (campeón de Europa). Las discrepancias entre dirigentes y jugadores por primas y contratos, sumadas ahora a la denuncia penal de la DGI, han generado tensión en el seleccionado argentino y ponen en duda la estabilidad institucional de cara al torneo.

Contexto del torneo

La Finalissima es un torneo oficial organizado por UEFA y CONMEBOL que enfrenta en un partido único al campeón de la Eurocopa contra el campeón de la Copa América. Relanzada en 2022 con el triunfo de Argentina sobre Italia en Wembley, busca consolidarse como una “supercopa mundial” entre selecciones. La edición de 2026 está prevista para disputarse en Qatar o Estados Unidos, reforzando su carácter simbólico como el gran cruce intercontinental del fútbol.

Repercusiones financieras

La denuncia penal intensifica la presión regulatoria sobre las finanzas del fútbol argentino. Además de las irregularidades con Sur Finanzas, ahora se suman las imputaciones fiscales que comprometen directamente la administración de la AFA. Este escenario afecta los balances de los clubes, genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de los contratos de patrocinio y expone riesgos reputacionales para la selección argentina en vísperas de la Finalissima y del Mundial 2026.

El desenlace judicial marca un punto crítico: la AFA enfrenta simultáneamente acusaciones de enriquecimiento ilícito y de apropiación indebida de tributos. La resolución de estos procesos será determinante para definir la continuidad de Claudio Tapia y la credibilidad de la institución en el plano internacional.

Fiscalización y control institucional

La Inspección General de Justicia (IGJ) también arremetió contra la AFA y la Superliga, al sostener que “se mueven al margen de la ley” y anunciar la citación a los auditores que certificaron sus balances millonarios. El titular del organismo, Daniel Vítolo, denunció públicamente que ambas entidades operaron durante años con una estructura de impunidad, negándose a responder sobre balances no aprobados y cifras millonarias sin detallar.

Vítolo cuestionó que tanto la FIFA como la AFA se conciban como si fueran “países independientes”, intentando evadir la justicia ordinaria y las normativas argentinas. Señaló además que la AFA incurrió en acciones irregulares, como la creación de una “universidad” sin aprobación oficial y el intento de mudar su jurisdicción para escapar de la fiscalización.

Respecto de la Superliga, que maneja la comercialización de derechos de transmisión por cifras multimillonarias, el funcionario indicó que tampoco ha rendido cuentas claras sobre montos que superan los 70 a 120 millones de dólares, sin detallar cuánto se entregó a cada club. Ante esta situación, la IGJ anunció que designará un veedor con facultades para auditar las cuentas y citó a los auditores responsables de certificar balances cuestionados

Fuente: Agencia Noticias Argentinas