La propuesta de la Comisión Europea se basa en un dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que concluyó en mayo que el E171 «ya no puede considerarse seguro» cuando se utiliza como aditivo alimentario, ya que no se ha podido «descartar la genotoxicidad tras el consumo de partículas de dióxido de titanio».
Se entiende por genotoxicidad la capacidad de una sustancia de dañar el ADN de las células. «Tras su ingestión, la absorción de partículas de dióxido de titanio es baja, pero pueden acumularse en el organismo», advierte la EFSA.
la comisaria Stella Kyriakides, responsable de Salud y Seguridad Alimentaria asegura que, “La seguridad de nuestros alimentos y la salud de nuestros consumidores no son negociables. Actuamos con decisión con nuestros estados miembros, basándonos en datos científicos sólidos, para eliminar el riesgo de una sustancia química utilizada en los alimentos”
Así, salvo que el Consejo o el Parlamento Europeo objeten contra esta decisión durante un “periodo de escrutinio” de 2 meses, el texto y la prohibición del dióxido de titanio entrarán en vigor a principios del 2022 en España y el resto de los países miembros de la UE, aunque en Francia ya está suspendido desde inicios del año pasado.
Se iniciará un periodo de retirada progresiva en seis meses, tras el cual se aplicará una prohibición total en los productos alimentarios del E171, informa la Comisión Europea. A partir de entonces, estos alimentos podrán seguir comercializándose hasta su fecha de duración mínima o de caducidad.
Implicaciones para Costa Rica
El sector alimentario es el tercero en importancia en los envíos dirigidos a la UE, a agosto del 2021 las exportaciones costarricenses alcanzaron los USD200 millones. Entre los productos exportados por el sector alimentario resaltan los: jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales conservadas, purés y pastas de frutas.
El cumplimiento de esta nueva regulación es obligatorio para las empresas del sector alimentario, por lo cual resulta de importancia que las empresas nacionales se mantengan actualizadas sobre las normativas internacionales, para que en un futuro no representen obstáculos en la comercialización y, por el contrario, puedan sean reactivos en sus procesos.
