Arrestan a presidente de Citgo por corrupción

El presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk, y otros cinco directivos de esa empresa, fueron arrestados bajo la acusación de corrupción, informó este martes 21 de noviembre el fiscal general de la República Tarek William Saab.

Los seis acusados firmaron contratos que “comprometían el patrimonio nacional y el futuro de esta importante filial (…) sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional“, explicó Saab en una rueda de prensa.

Los otros aprehendidos, que se desempeñaban como vicepresidentes de Citgo, son Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano.

Los seis serán procesados por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación ilícita.

Plataforma de Ledezma exige la disolución de la ANC

La plataforma opositora Soy Venezuela, de la que forman parte el alcalde metropolitano Antonio Ledezma y la exdiputada María Corina Machado, exigió este lunes 20 de noviembre la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como condición para abrir un diálogo con el Gobierno.

En un comunicado, Soy Venezuela se refiere a la ACN como un poder “supraconstitucional” que “hace inviable la estabilidad de cualquier acuerdo”, al actuar “por encima de todos los poderes del país” y haber “usurpado todas las competencias de la Asamblea Nacional (AN)“.

La plataforma exige para volver a sentarse a negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro “el cese inmediato de la Asamblea Nacional Constituyente” y que sean “declarados nulos todos sus actos” desde su instalación en agosto mediante lo que Soy Venezuela considera un “fraude”.

TSJ en el exilio remite a la CPI denuncia contra el Gobierno 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio anunció este lunes 20 de noviembre la remisión a la Corte Penal Internacional (CPI) de una denuncia por violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

Rodeado de varios de los magistrados del TSJ “legítimo”, incluido su presidente, Miguel Ángel Martín, el presidente de la Sala de Casación Penal, Pedro Troconis, leyó en una conferencia de prensa en Miami la decisión de ese órgano sobre la denuncia interpuesta por el exministro chavista Hebert García Plaza.

En septiembre se realizaron varias audiencias en la OEA en las que se denunciaron violaciones por parte del Gobierno, entre esas destaca la comparecencia del exgeneral mayor Hebert García Plaza, quien explicó que el “Plan Zamora” adoptado en abril “establece que civiles que no coinciden con la ideología (del Gobierno) son enemigos”.

Gobierno denuncia un «ataque terrorista de precios»

El Gobierno denunció este martes 21 de noviembre que existe un “ataque terrorista de precios” y que lo está enfrentando.

“Estamos enfrentando un ataque terrorista de precios dentro de una batalla en condiciones asimétricas y hay que atacar las raíces de las prácticas especulativas”, dijo en VTV el Superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras.

Reiteró que la llamada revolución bolivariana enfrenta una “guerra económica”, una teoría lanzada por el jefe del Estado, Nicolás Maduro, que culpa a opositores y empresarios por la escasez de alimentos y medicinas, la caída en los precios del petróleo y en general por la crisis económica del país.

Gobierno interviene cadena Makro

El Gobierno intervino la cadena mayorista Makro por supuestamente condicionar la venta de productos de primera necesidad.

“En este momento nosotros tenemos una intervención en la red de distribución Makro (…) esa empresa le condiciona la venta (a los usuarios)”, dijo este martes 21 de noviembre el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) de Venezuela, William Contreras.

Explicó que la medida se tomó para atender “un reclamo general de la sociedad” que, aseguró, ha denunciado en varias ocasiones restricciones para acceder a los alimentos en estos establecimientos.

Contreras dijo que en la empresa estaban exigiendo a los clientes “compras mínimas” de hasta 5 millones de bolívares para poder acceder a las pacas de harina de maíz precocido.