Empresas como las tabacaleras, las empresas de bebidas alcohólicas y de alimentos ultraprocesados vienen restándole importancia desde hace mucho tiempo a los efectos (nocivo) de sus productos sobre la salud pública. Y desde que comenzó la pandemia usaron campañas de marketing relacionadas con la covid-19 e iniciativas de responsabilidad social corporativa para distraer aún más la atención.
Coca-Cola, McDonald’s, Nestlé y PepsiCo y más de 18 empresas, aprovecharon la emergencia de salud pública para promocionar productos poco saludables en poblaciones vulnerables. En Brasil, Nestlé y Danone donaron alimentos ultraprocesados a un programa gubernamental que ofrece comida a residentes con bajos ingresos. Coca-Cola aportó sus bebidas azucaradas en paquetes de comida en Sudáfrica. Y el fabricante de alimentos colombiano Alpina promocionó un yogur con elevado contenido de azúcar como algo fundamental para mejorar el sistema inmunológico.
En algunos casos las empresas cumplen un rol al entregar bienes o servicios que los gobiernos no proveen, pero la incapacidad del Estado para cubrir esas falencias no debiera ser una excusa para que las empresas oculten los daños que causan. Cuando las grandes tabacaleras o productoras de alimentos ultraprocesados influyen sobre los gobiernos con donaciones de alimentos o equipos médicos y otras iniciativas sociales, los esfuerzos de salud pública para combatir las ENT resultan inútiles.
La Organización Mundial de la Salud documentó recientemente la contribución de las corporaciones a los problemas de salud y el aumento de la desigualdad en el mundo. Para abordar la pandemia de ENT hay que regular estrictamente su influencia en la creación de políticas. Los gobiernos deben cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos frente a las actividades perjudiciales de terceros (incluidas las tabacaleras y empresas multinacionales productoras de bebidas y alimentos ultraprocesados). No controlar esas actividades corporativas implica violar el fundamental derecho humano a la salud de sus ciudadanos.
Empresas como las tabacaleras, las empresas de bebidas alcohólicas y de alimentos ultraprocesados vienen restándole importancia desde hace mucho tiempo a los efectos (nocivo) de sus productos sobre la salud pública. Y desde que comenzó la pandemia usaron campañas de marketing relacionadas con la covid-19 e iniciativas de responsabilidad social corporativa para distraer aún más la atención.
Coca-Cola, McDonald’s, Nestlé y PepsiCo y más de 18 empresas, aprovecharon la emergencia de salud pública para promocionar productos poco saludables en poblaciones vulnerables. En Brasil, Nestlé y Danone donaron alimentos ultraprocesados a un programa gubernamental que ofrece comida a residentes con bajos ingresos. Coca-Cola aportó sus bebidas azucaradas en paquetes de comida en Sudáfrica. Y el fabricante de alimentos colombiano Alpina promocionó un yogur con elevado contenido de azúcar como algo fundamental para mejorar el sistema inmunológico.
En algunos casos las empresas cumplen un rol al entregar bienes o servicios que los gobiernos no proveen, pero la incapacidad del Estado para cubrir esas falencias no debiera ser una excusa para que las empresas oculten los daños que causan. Cuando las grandes tabacaleras o productoras de alimentos ultraprocesados influyen sobre los gobiernos con donaciones de alimentos o equipos médicos y otras iniciativas sociales, los esfuerzos de salud pública para combatir las ENT resultan inútiles.
Los gobiernos deben llevar a cabo acciones contundentes para contrarrestar el papel del sector privado en el debilitamiento de la salud pública. Aun cuando las corporaciones se ofrecen a ayudar a una comunidad, las autoridades deben asegurarse de que esa asistencia no solucione los problemas creando otros nuevos.
