El fiscal general de la República, Tareck William Saab, informó que hasta el mes de noviembre el Ministerio Público (MP) ha imputado a 820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos y 40 particulares.
Durante un balance ofrecido en materia de defensa de los Derechos Humanos, Saab precisó que fueron privados de libertad un total de 582 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares.
“Han sido acusados un total de 1.108 funcionarios y 158 particulares. Se ha logrado una importante cifra de 210 funcionarios policiales y militares condenados”, afirmó.
Referente al caso del exconcejal Fernando Albán, fallecido el 8 de octubre de 2018, dijo que fueron condenados este 3 de diciembre dos funcionarios del Sebin por homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
En otro caso el 29 de noviembre, fue condenado a una pena de 16 años de prisión Dicxon Caleb Arias, exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana, por los delitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica.
“Por haber comandado a una comisión de funcionarios que golpearon e hirieron con perdigones a dos ciudadanos el 19 de abril de 2017, en la Urbanización Don Samuel, de Alto Barinas, en el marco de una manifestación pública”, explicó.
En ese sentido, que el pasado 4 de mayo se logró una condena de 25 años y 8 meses de prisión contra un funcionario de la Policía de Anzoátegui, responsable del homicidio César Pereira, ocurrido en Lechería el 27 de mayo de 2017.
“En el marco de las protestas violentas, a este funcionario se le acusó por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y alteración de municiones”, precisó.
Finalmente, el Fiscal destacó que no solo las presuntas violaciones a los derechos civiles son investigadas, sino también se tiene una línea de acción contra violaciones al derecho a la salud, como el cobro irregular en centros hospitalarios.
