Expertos en el área aseguran que difamar a una persona u organización en Internet, y publicar información falsa o acusaciones sin fundamento, son razones suficientes para entablar una demanda legal, es decir, ya es considerado como un delito y trae consecuencias para el «ciberdelincuente».

A pesar de que en Internet pueda haber una sensación de libertad absoluta para hablar, comentar y publicar contenidos sin censura, la mayoría de los países cuenta con una unidad de cibercrímenes que orientan y ayudan a todos aquellos que se ven afectados o atacados, además de contar con una normativa que castiga y penaliza este tipo de ataques en la Web.

Uno ejemplo de este tipo de situaciones es la demanda que hizo recientemente la compañía Derwick Asociados de Venezuela en contra del Banco Venezolano de Crédito y su director Oscar García Mendoza, por haber hecho una presunta difamación en Internet que perjudica la reputación y la imagen de la organización de servicios de generación eléctrica.

De igual manera, este conflicto legal también acusa por las mismas razones al presidente de Cedice, Rafael Alonzo.